Jurisprudencia
Buenos Aires, 27 de setiembre de 2018
Fuente: página web C.S.J.N. 

Provincia de Buenos Aires. Tasas municipales. Principio de legalidad en materia tributaria. Publicación en el Boletín Oficial de la normativa local para su validez y aplicabilidad. Constatación de que el sitio web oficial del municipio garantiza que se trata de una publicación oficial. Se hace lugar a la queja y se revoca la sentencia apelada. Municipalidad de Junín c/Cadbury Stani Adams Argentina S.A.I.C. s/apremio. C.S.J.N.

Buenos Aires, 27 de setiembre de 2018.

VISTOS LOS AUTOS: “Recurso de hecho deducido por Mondelez Argentina S.A. en la causa Municipalidad de Junín c/Cadbury Stani Adams Argentina S.A.I.C. s/apremio”, para decidir sobre su procedencia,

CONSIDERANDO:

Que las cuestiones planteadas han sido adecuadamente consideradas en el dictamen de la señora Procuradora Fiscal, cuyos fundamentos son compartidos por el Tribunal, y a los que corresponde remitirse en razón de brevedad.

Por ello, de conformidad con lo dictaminado por la señora Procuradora Fiscal, se hace lugar a la queja, se declara formalmente admisible el recurso extraordinario y se revoca la sentencia apelada. Con costas. Reintégrese el depósito de fs. 71. Agréguese la queja al principal, notifíquese y vuelvan los autos al tribunal de origen a fin de que, por quien corresponda, se dicte un nuevo pronunciamiento con arreglo a lo decidido en la presente.

Fdo.: Ricardo Luis Lorenzetti, Juan Carlos Maqueda, Elena I. Highton de Nolasco, Horacio Rosatti y Carlos Fernando Rosenkrantz.

Voto del señor ministro doctor don Horacio Rosatti.

CONSIDERANDO:

Que las cuestiones planteadas resultan sustancialmente análogas a las tratadas en la causa C.S.J. 692/17/CS1 “Municipalidad de Berazategui c/ Molinos Río de La Plata S.A. s/ apremio”, fallada en la fecha, voto del juez Rosatti, a cuyas consideraciones cabe remitir, en lo pertinente, por razones de brevedad.

Por ello, de conformidad con lo dictaminado por la señora Procuradora Fiscal, se hace lugar a la queja, se declara formalmente procedente el recurso extraordinario y se revoca la sentencia apelada. Con costas. Reintégrese el depósito de fs. 71. Agréguese la queja al principal. Notifíquese y vuelvan los autos al tribunal de origen a fin de que, por quien corresponda, se dicte un nuevo pronunciamiento con arreglo a lo aquí decidido.

Horacio Rosatti.

Disidencia de la señora vicepresidenta doctora doña Elena I. Highton de Nolasco,

CONSIDERANDO:

Que el recurso extraordinario, cuya denegación originó la presente queja, es inadmisible (art. 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación).

Por ello, se desestima la queja. Reintégrese el depósito de fs. 71 por no corresponder –art. 13, inc. j), de la Ley 23.898 y sus modif.–. Notifíquese y, previa devolución de los autos principales, archívese.

Elena I. Highton de Nolasco.


Dictamen de la Procuración General de la Nación

Suprema corte:

I. A fs. 639/641 de los autos principales (a los que me referiré en adelante) la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires denegó el recurso extraordinario federal interpuesto por Mondelez Argentina S.A. (por cambio de denominación de Kraft Foods Argentina S.A., continuadora de Cadbury Stani Adams S.A.) contra la sentencia del mismo tribunal (fs. 562/564) que rechazó los recursos de nulidad e inconstitucionalidad planteados por la antedicha empresa respecto del fallo de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial de Junín (fs. 481/487) que confirmó el pronunciamiento de grado en el marco del juicio de apremio incoado por la Municipalidad de Junín por el que rechazó las excepciones de inhabilidad de título y prescripción opuestas y mandó llevar adelante la ejecución (fs. 427/430).

Para así decidir, el tribunal afirmó que los argumentos versaban sobre cuestiones procesales, ajenas en principio al recurso extraordinario, sin que se hubieran probado las arbitrariedades denunciadas, toda vez que el rechazo de los recursos se fundamentó en los yerros de la sociedad en la elección de los recursos intentados; es decir, que los agravios debieron ser encauzados por otras vías recursivas para su tratamiento.

Aclaró también que la simple denuncia de la vulneración de las garantías constitucionales y la mención de un supuesto de gravedad institucional no alcanzan para acceder a la jurisdicción de la Corte Nacional.

II. Disconforme, la demandada se presentó en queja.

En primer lugar, sostiene que todas las instancias intervinientes omitieron tratar la excepción de inhabilidad de título por inexistencia manifiesta de deuda.

Asimismo, señala que los pronunciamientos aceptan una ejecución de sentencia iniciada por el municipio basada en normas locales que no estaban publicadas debidamente en el Boletín Oficial; tal circunstancia viola –a su criterio– el principio de legalidad tributaria que exige la previa publicación de la norma para su validez y aplicabilidad.

Luego, argumenta el desconocimiento de las normas del Código Civil derogado y los precedentes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en relación al instituto de la prescripción.

También arguye la violación del derecho de defensa y del debido proceso en tanto la municipalidad no los respetó en sede administrativa y aplicó multas sin sustanciar sumario alguno.

Por último, sostiene que la empresa no es sujeto pasivo del tributo ni posee local en el municipio que dé fundamento a la pretensión de cobro de la tasa por derechos de publicidad y propaganda.

III. Tengo para mí que el remedio federal intentado fue mal denegado, pues si bien en principio las sentencias en juicios ejecutivos no reúnen el carácter de definitivas a los fines del recurso extraordinario, en estos autos se ha controvertido lo relativo a la procedencia de la excepción de prescripción y la inhabilidad de título, de forma tal que lo resuelto, en tanto se rechazaron ambas defensas, no podrá ser replanteado posteriormente (Fallos: 315:2954; 321:706, entre muchos otros).

En otro orden, en mi criterio, existe cuestión federal suficiente para el examen de los agravios por la vía del recurso extraordinario, toda vez que, sin perjuicio de tratarse de cuestiones de hecho, prueba y derecho público local –como regla, ajenas al recurso del art. 14 de la Ley 48– lo decidido sobre temas de dicha índole admite revisión en supuestos excepcionales cuando, como en el “sub lite”, se omite el pronunciamiento sobre argumentos conducentes a una correcta solución del pleito.

A mayor abundamiento, cabe recordar que, tratándose de juicios de apremio, la Corte Nacional admitió en forma excepcional la vía aquí denegada cuando resultaba manifiesta la inexistencia de deuda exigible, pues lo contrario implicaba privilegiar un excesivo rigor formal con menoscabo de las garantías constitucionales (Fallos: 302:861).

En consecuencia, los tribunales se encuentran obligados a tratar y resolver adecuadamente las defensas fundadas en la inexistencia de deuda, siempre que ello no presuponga el examen de otras cuestiones cuya acreditación exceda el ámbito limitado de dichos procesos (Fallos: 312:178).

IV. Sentado lo anterior, cabe destacar que en los presentes actuados, la demandada presentó, desde un inicio, la defensa basada en la inexistencia de deuda con el fundamento de que la ordenanza que regula la tasa cuyo pago se le reclamó no había sido publicada en el Boletín Oficial local.

Al contestar las excepciones, la Municipalidad de Junín aseveró que la ordenanza tributaria había sido adecuadamente publicada en la página web del municipio. Sin embargo, el superior tribunal local no analizó dicho planteo, eludió su tratamiento, se limitó a remitirse a lo dicho por la cámara y consideró que, por tratarse de cuestiones de hecho y prueba, ello no era susceptible de revisión por la vía intentada.

Como ya se dijo en el dictamen de esta Procuración General de la Nación del 7 de octubre de 2003 en los autos “Recurso de hecho deducido por José Manuel Irizar en la causa Municipalidad de Santiago de Liniers c/ Irizar, José Manuel” en cuyo análisis y decisión se fundó V.E. para resolver el pleito (ver Fallos: 327:4474), “... la solución definitiva del caso sólo requiere la simple constatación de la publicación oficial de la mencionada ordenanza, acto requerido para la satisfactoria divulgación y certeza sobre la autenticidad del texto de aquellas decisiones de contenido normativo general (Fallos: 293:157, cons. 6.º)”, sin que ello afecte el carácter ejecutivo de la acción promovida.

Ello así, entiendo que el tribunal debió evaluar si la publicación en la página oficial del municipio www.junin.gov.ar reúne los requisitos necesarios para garantizar que se trata de una publicación oficial que otorgue una satisfactoria divulgación y certeza respecto de la autenticidad del texto, de su fecha de publicación y de su permanencia en el tiempo durante los períodos fiscales que se reclaman.

En consecuencia, ante la inexistencia de dicho análisis, entiendo que la sentencia impugnada no satisface sino en forma aparente la necesidad de ser una derivación del derecho vigente, por lo que corresponde su descalificación como acto jurisdiccional válido.

Atento a la forma como se dictamina, es prematuro expedirse sobre el punto referido a la prescripción e innecesario el estudio de los demás agravios.

V. Por lo tanto, opino que corresponde hacer lugar a la queja, revocar la sentencia de fs. 639/641 y ordenar que, por quien corresponda, se dicte una nueva conforme a derecho.

Buenos Aires, 3 de marzo de 2017.

Es copia.

Laura M. Monti.

Adriana N. Marchisio.